Es muy poco lo que queda de la Reserva Forestal de Caparo, en Barinas. Más de 140 mil hectáreas fueron devastadas y la amenaza de invasiones persiste ante la ausencia de autoridad. Por Oscar Medina

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La devastación de los bosques de los llanos occidentales ha sido continua. Es poco lo que queda y casi nada lo que hacen las autoridades por protegerlo. En Caparo habitan especies animales en peligro de extinción y 400 especies de aves. Y árboles centenarios como el de la imagen FOTOS GUSTAVO BANDRES
 
Apenas al adentrarnos por el camino identificado como Pica 8, allá arriba, en lo alto de una enorme palma de agua, un mono araña mira a los visitantes con calmada curiosidad. Por aquí han transitado cientos de estudiantes e investigadores antes que nosotros. Y el mono sabe -debe saberlo- que no hay nada que temer. Estamos en un lugar de naturaleza desbordada, de exuberante vegetación siempre verde, en uno de los puntos más atractivos de lo que hoy es el último vestigio de un complejo de biodiversidad que ha desaparecido casi por completo: las 7 mil hectáreas de bosque de la Reserva Forestal de Caparo resguardadas por la Universidad de Los Andes.

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Más adelante, en el barro, una huella de felino más o menos reciente, resalta como indicadora de la riqueza animal que habita entre el follaje. Y la expectativa de un encuentro le añade otra dimensión al recorrido. Pero esa no es una mala noticia. El dato negativo viene al señalar un majestuoso ejemplar de Chupón, un árbol de madera tan sólida que no hay sierra que pueda transformarlo en tablones y ante el cual los depredadores del ambiente han optado por una solución para quitarlo del camino: miles de estos han sido talados y quemados ante la imposibilidad de sacar provecho comercial de su tronco.

La Reserva Forestal de Caparo existe solo en el papel. Se creó en febrero de 1961 dentro de una extensión de 174 mil 340 hectáreas en Barinas, bordeada por los ríos Caparo, al norte, y Uribante, al sur. El plan del Ministerio de Agricultura era preservar parte de las 3 millones de hectáreas de bosques que alguna vez existieron en los llanos occidentales (Portuguesa, Apure, Barinas y sur de Táchira) a través de la figura de las reservas de Turén, Ticoporo, San Camilo y Caparo, que sumaban unas 900 mil hectáreas. También pretendían alentar una explotación racional de la riqueza maderera. Pero el futuro inmediato demostró que la presión demográfica y la actividad ganadera tendrían mucho más poder que las buenas intenciones.

Un trabajo de Enrique Pacheco, de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la ULA, compila imágenes satelitales y mapas que reflejan el proceso de devastación. Hasta 1980 el bosque se mantuvo, pero al permitirse la extracción de especies madereras, se activó lo que se cataloga como “colonización agropecuaria”. Entre 1982 y 1989 el Estado firmó contratos de explotación con empresas privadas y públicas para explotar el recurso -caoba, cedro, mijao, pardillo, saquisaque y otras especies comerciales- y pese a la supervisión, las cosas no resultaron del todo bien. En 1982 se estableció un comodato con la ULA -que ya operaba un programa de investigación y docencia desde 1970- que dejó a su resguardo 7.000 hectáreas y permitió el establecimiento de una Estación Experimental en la zona conocida como Cachicamo.

En la ULA estiman que para el año 2000 apenas quedaba 47,99% de la extensión de bosque en Caparo. En 2001, la ministra de Ambiente, Ana Elisa Osorio, oficializó el fin de las concesiones y decidió que el área quedaría bajo la nueva figura de “manejo forestal comunitario”.

“El Ministerio le entregó las tierras a las Unidades Territoriales de Base, es decir, a muchos de los mismos invasores de la reserva”, explica el profesor de la ULA y coordinador del comodato en Caparo, Wilfredo Franco: “El manejo comunitario fue talar, quemar y convertir todo esto a la ganadería”. Estudios de la ULA estiman que entre 2002 y 2004 desaparecieron 70 mil hectáreas de bosques: un tesoro de biodiversidad y valiosa madera.

El panorama actual es desolador: “90% de las casi 175 mil hectáreas de reserva son hoy pastizales y matorrales”, explica Franco: “Sobreviven 14 mil hectáreas, la mitad en el área protegida por la ULA y el resto en un centenar de pequeños fragmentos boscosos dispersos, la mayoría condenados a desaparecer”.

Solos en el monte

Las imágenes de satélite muestran una única zona verde, concentrada, de mediano tamaño dentro del perímetro de la reserva. Esa densa mancha es la porción de bosque del comodato de la ULA. Y también está amenazada.

El contrato de comodato autorizó a la universidad la extracción de un cupo anual de madera que permitió financiar la construcción y operatividad de la estación experimental. Pero en 1997 el avance de la deforestación hizo que la ULA desistiera del aprovechamiento controlado y asumiera toda el área como reserva de biodiversidad: 2.500 hectáreas prácticamente vírgenes y 4.500 de bosque explotado en proceso de recuperación que demuestran que sí se puede revertir el daño y producir. Preservar para el futuro también es posible: más de 400 proyectos de investigación y trabajos universitarios hechos en el lugar podrían ser la base para entender cómo aprovechar mejor los recursos -en todo sentido- que atesora esa pequeña porción de tierra. Claro, si se los permiten.

La ULA, con su presupuesto maltrecho, hace años que no logra sostener como debería el funcionamiento de la estación experimental. Y las normas internas de administración de la universidad no ayudan mucho a que la estación Cachicamo se permita mecanismos de autofinanciamiento. Pero el Estado tampoco aporta a la tarea: no hay autoridades en el corazón de Caparo. Hasta el 29 de diciembre de 2009 unos pocos uniformados de la Guardia Nacional ocupaban un puesto dentro del terreno de la estación de la ULA. Hoy esa instalación y dos casas más del Ministerio de Ambiente están abandonadas y lo más parecido a una figura de autoridad en la reserva son los cuadros del grupo armado Frente Bolivariano de Liberación, a quienes llaman “la gente del monte”.

Javier Rojas, uno de los encargados del campamento, recuerda mejores épocas: “Hace como quince años teníamos por aquí entre 10 y 15 efectivos de la GN. Y los ‘rurales’ venían dos veces al año e inspeccionaban toda la reserva. Se quedaban una semana completa y la ULA les daba apoyo. La última vez que los vimos fue en 2009”.

Incluso con esa cierta presencia, las invasiones siempre fueron un problema grave. Después de acabar con más de 140 mil hectáreas, el bosque resguardado por la ULA es como el último tequeño en la bandeja: el que todos quieren.

Entre 2001 y 2004 se registraron ocupaciones ilegales en cerca de 900 hectáreas ubicadas en el extremo occidental del comodato. Una y otra vez fueron desalojadas las personas hasta que en 2004 ya no hubo quien las sacara. Obviando toda legalidad, se repartieron el terreno en 34 parcelas. Y este punto, llamado Palma Pintada, quizás sea uno de los que mejor pone las cosas en perspectiva: parado justo donde comienza la toma, a la derecha se ven potreros con vacas flacas pastando y uno que otro árbol. Y a la izquierda, separados apenas por el camino de tierra, la pared verde del bosque intacto.

“Las 900 hectáreas fueron taladas y quemadas entre 2005 y 2009”, lamenta el profesor Wilfredo Franco: “Las plantaciones experimentales de pardillo fueron totalmente devastadas y cerca de 50% de las plantaciones de teca, sembradas por la ULA en los años 70, fueron saqueadas”. A estas alturas los parceleros están organizados como consejo comunal, pero de acuerdo a la información que manejan en el campamento de la ULA las tierras -las “bienhechurías”- han sido vendidas más de una vez: “Del grupo original, apenas quedan 3 o 4 familias”.

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Salvar al abuelo

Otra modalidad menos frontal se ha dado en tiempos recientes: la entrada subrepticia a los terrenos del comodato, la tala al amparo de la oscuridad para sembrar un conuco. Como éste de un joven llamado Dani: “Abrió una pica, tumbó árboles y sembró ají”, explica Franco: “Lo denunciamos, tal como establece el comodato, y la Guardia le decomisó unos equipos. Finalmente acordamos con él que no haría esto otra vez y se comprometió a sembrar árboles”.

Dani es uno de los trece hijos de Genarino. Echado en una hamaca, el viejo de 70 años, cuenta cómo ha repartido sus tierras entre los hijos y que está pensando en vender lo que le queda: una finca de 127 hectáreas. Hace 45 años llegó a este lugar, cuando era selva tupida y solo había acceso por el río. Vino, claro ya en que lo suyo era el ganado y que era aquí donde lograría su objetivo: “Le dije a mi mujer que no íbamos a trabajarle a más nadie”.

En 1965 compró un fundo de 210 hectáreas a un colombiano: “Pero eso era bosque. Y le metí pasto”. A pesar de que en la zona ya estaba creada la Reserva Forestal de Caparo desde 1961, nadie detuvo su expansión: Genarino fue uno de los tantos colonizadores que se atrevieron a domesticar esta selva, a aguantar el ímpetu de la plaga. Y Dani, a pesar de que tiene tierras “propias”, quiere asegurarse de llegar primero a la rebatiña futura: abrió una segunda pica y taló y sembró en otro lugar del comodato.

El catastro hecho en 2007 registró alrededor de 1.200 fincas dentro de la reserva forestal. Hoy los representantes de la ULA estiman que hay 1.500. “Calculamos una población permanente de 10 mil personas y otras 5 mil que entran y salen”, apunta Franco: “50% de la población tiene más de una finca o tiene otras casas en las ciudades y pueblos cercanos”.

Mucha ingenuidad sería pensar que llegará el día en que esto volverá a ser bosque: lo que es reserva en el papel, en la vida real es un asentamiento en el que hasta disponen de 55 escuelas y 7 liceos y han pedido ayuda a la ULA para instalar un instituto de educación superior.

“El sacrificio en biodiversidad, en patrimonio natural, no sirvió para hacer justicia ni para el desarrollo social ni económico”, señala Franco: “La gente de Caparo es gente pobre, salvo algunos pocos que tienen hasta tres fincas que han comprado a ocupantes de tierras”.

La propuesta de la ULA apunta, en lineas generales, a preservar lo que queda en pie y a recuperar bosques manejando criterios equilibrados de aprovechamiento agrícola y maderero. Se trata de planes cargados de optimismo y de buenas intenciones pero que dependen de la concertación de muchas voluntades dispares: la de investigadores, la de organismos del Estado y la de los propios pobladores del lugar.

“En 2011 presentamos un proyecto para hacer corredores boscosos que unan los fragmentos dispersos”, apunta Franco uno de los aspectos que, al parecer, analiza el Ministerio de Ambiente. Eso formaría parte de un esquema que plantea un tercio del área de la reserva para plantaciones agroforestales y recuperación del bosque, otro tercio para actividad ganadera y un tercio para conservación de biodiversidad en una región en la que habitan especies en peligro de extinción. La idea va un poco más allá: lograr 40 mil hectáreas de bosque con especies de rápido crecimiento (melina, teca) y otras de crecimiento moderado (caoba, pardillo) para instalar un complejo industrial maderero que ofrezca, además, soluciones habitacionales. Eso, tan de primer mundo, es difícil visualizarlo ante un potrero con troncos tumbados y aserrados, convertidos en tablones de manera ilegal. Pero impulsar ese ejercicio de imaginación quizás represente la salvación de la última porción verde donde tiene sus raíces un magnífico árbol de 500 años, ese al que llaman “el abuelo”.

Fuente: El Universal