Venezuela entre los 20 países de mayor huella de carbono
 
Abril 2013 / Julio César Centeno
El calentamiento global destaca como una de las principales amenazas sobre la humanidad. Se debe en su mayor parte a las emisiones de gases provenientes de actividades humanas, principalmente por el consumo de combustibles fósiles: petróleo, gas y carbón mineral. El transporte, la producción y el consumo de electricidad, la actividad industrial, la agricultura y la deforestación son las fuentes más resaltantes. Las negociaciones internacionales del Acuerdo Marco sobre Cambios Climáticos de la Organización de Naciones Unidas tienen por objeto reducir drásticamente las emisiones de gas carbónico (CO2), metano (CH4), óxidos nitrosos (N2O) y otros gases de efecto invernadero. El acuerdo suscrito en Copenhagen en el 2009 destaca la necesidad de limitar el aumento de la temperaturapromedio del planeta a no mas de 2ºC sobre elpromedio de la época preindustrial para finales del siglo 21. Esto implica limitar la concentración de CO2 en la atmósfera a no mas de 450 partes por millón, lo que a su vez exige que las emisiones de CO2 se reduzcan en al menos un 60% para el año 2050.

A finales del 2012 la concentración de CO2 en la atmósfera alcanzó las 395 partes por millón, 41% superior al promedio de la época preindustrial. Sólo resta una limitada ventana de oportunidades para que las generaciones futuras inmediatas no tengan que enfrentarse a transformaciones planetarias catalogadas como peligrosas o catastróficas. Para que la concentración no exceda las 450 ppm, durante el período 2013-2050 sólo se puede emitir un máximo de 800 gigatoneladas de CO2 (miles de millones de toneladas). Este es el presupuesto atmosférico del que dispone la humanidad para las próximas décadas. A la tasa actual de emisiones (32 Gt/año sólo de CO2), con fuertes tendencia creciente, este presupuesto se agotaría en menos de 20 años. De continuar las tendencias actuales, estaríamos exponiendo a nuestros hijos y nietos, así como a todas las demás formas de vida, a condiciones planetarias que no se han registradoen los últimos 400.000 años.

La economía mundial se encuentra estrechamente vinculada al consumo de combustibles fósiles. Los gases de efecto invernadero se encuentran directa o indirectamente vinculados a casi cualquier producto de la economía moderna: viviendas, automóviles, teléfonos, alimentos, ropa o electrodomésticos. En consecuencia, para lograr las reducciones señaladas en tan poco tiempo se requiere un esfuerzo internacional de colosal envergadura. Entre sus principales componentes se encuentran: reducir significativamente el consumo de petróleo,
gas y carbón mineral; optimizar los sistemas de producción industrial, mejorar la eficiencia energética de la actividad económica, mejorar el rendimiento de automóviles y otros sistemas de transporte por unidad de combustible consumido, erradicar la deforestación, minimizar la producción de desperdicios, maximizar el reciclaje y optimizar la producción de energías renovables.

Entre las medidas internacionales actualmente bajo consideración para impulsar estos cambios se encuentra la aplicación de un impuesto a las emisiones que puede oscilar entre US$ 50 y 100 por tonelada de CO2. Al Gore, Thomas Friedman, Paul Krugman, Martin Feldstein, Joseph Stiglitz, Nicholas Stern y James Hansen se encuentran entre la multiplicidad de especialistas que abogan por el establecimiento de un impuesto global a las emisiones de carbono, aunque no coincidan en su magnitud. Se aplicaría no sólo a las emisiones provenientes de la actividad industrial, sino a los productos que se comercialicen, en proporción con sus respectivas huellas de carbono. Mecanismo similares se aplicarían a las empresas de servicios, a la actividad agrícola o al transporte.

Un impuesto de US$ 100/ton CO2 equivaldría en el mercado norteamericano a un aumento de 85 centavos de dólar por galón de gasolina (22 centavos por litro).

La teoría económica establece que quien contamina debe asumir el costo. Evadir el costo de las emisiones implica un subsidio, una transferencia del costo a la sociedad en su conjunto.
En Columbia Británica, Canadá, el impuesto a las emisiones pasó de US$ 25 a US$ 30 por tonelada de CO2 en el 2012, mientras que en Australia es de US$ 24/ton CO2, con un aumento de 2,5% cada año. Los senadores Sanders y Boxer introdujeron al Congreso de los Estados Unidos a inicios del 2013 una propuesta de ley para establecer un impuesto de US$ 20/ton CO2, con un aumento de 6% por año. Este impuesto se aplicaría no sólo a las emisiones domésticas, sino también a las importaciones de productos según su huella de carbono, tales como petróleo, acero, automóviles, electrodomésticos o alimentos. De aprobarse se generaría un ingreso de 100 mil millones de dólares sólo el primer año.

En la Unión Europea se ha establecido un sistema para la comercialización de derechos de emisiones, o créditos de carbono, acoplado a una progresiva reducción anual de las emisiones permitidas a las empresas mas contaminantes. Durante años el valor de dichos créditos osciló entre 20 y 30 euros por tonelada de CO2. El estancamiento de las negociaciones sobre cambios climáticos en Naciones Unidas ha impedido hasta la fecha la concreción de un acuerdo vinculante, aumentando la incertidumbre y la volatilidad en estos mercados.

Las convulsiones de las economías europeas han contraído la actividad industrial, reduciendo las emisiones previstas. Esto ha conducido a una sobre-oferta de créditos de carbono, precipitando sus precios a menos de 10 euros por tonelada de CO2 en la actualidad. Es precisamente para evitar el efecto de la inestabilidad en el mercado sobre el valor de los créditos de carbono lo que ha conducido, entre otras razones, a las propuestas por la aplicación de un impuesto a las emisiones. Otros han sugerido establecer un precio mínimo de US$ 100/ton CO2 en el comercio de crédito de carbono.

Joseph Stiglitz, premio Nobel en Economía y quien sirviera como economista principal del Banco Mundial, ha sugerido un impuesto a las emisiones de carbono de US$ 80/ton CO2, nivel al que tienden a estabilizarse los créditos de carbono, los permisos de emisiones o los impuestos correspondientes, una vez que se formalice un acuerdo internacional para estabilizar la concentración de CO2 en la atmósfera en no más de 450 partes por millón.

La huella de carbono es una medida de la contribución al cambio climático de una empresa, una actividad, un servicio o un producto, por medio de la cuantificación de sus correspondientes emisiones de gases de efecto invernadero. Es también una medida de la contribución de nuestras actividades o hábitos de consumo al calentamiento global. La huella de carbono puede igualmente cuantificar la contribución de un país, una ciudad o un individuo al calentamiento global. Se expresa normalmente en toneladas o en kilogramos equivalentes de CO2 y se refiere a un período de tiempo determinado.

Cuantificación, monitoreo y comunicación Para cuantificar y certificar la huella de carbono se han elaborado normas técnicas tanto nacionales como internacionales, entre las que se destacan las de la Organización Internacional de Estándares (ISO), la Comisión Panamericana deNormas Técnicas (COPANT), el Comité Europeo para la Estandarización (CEN) y el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD).

La norma PAS 2050 (Publicly Available Specification) del Instituto Británico de Estándares (BSI) se fundamenta en un análisis de las emisiones relacionadas con el ciclo de vida de un producto (normas ISO 14040 y 14044), comunicadas al público a través de la norma de eco-etiquetado ISO 14021. Mientras que la norma PAS 2060 enfoca la huella de carbono de organizaciones o empresas.

El Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (World Business Council for Sustainable Development, WBCSD) también ha elaborado un protocolo internacional conocido como Greenhouse Gas Protocol, en el que se basó la norma ISO 14064 para el inventario de gases de efecto invernadero, su monitoreo y su comunicación a terceros.

La norma ISO 14067 permite el cálculo de la huella de carbono de productos comerciales. Tiene dos componentes, uno para la cuantificación y otro para el etiquetado. El segundo componente tiene por objeto asegurar que las declaraciones públicas sobre la huella de carbono sean precisas y verificables. La metodología de la Organización Internacional de Estándares (ISO) para productos se armoniza con el análisis del ciclo de vida, según las normas 14040 y 14044.

La norma ISO 14069 facilita la cuantificación de la huella de carbono de una empresa u organización. Entre las normas complementarias se encuentra la ISO14004 con lineamientos generales sobre sistemas ambientales de gerencia.

Mientras la Organización Internacional de Estándares desarrollaba sus normas 14067 y 14069 para productos y empresas respectivamente, y mientras la Comisión Europea desarrolla una norma para el cálculo de la HuellaMedioambiental de productos, programada para el 2013, empresas norteamericanas, europeas y asiáticas impulsaron iniciativas para la

identificación de sus respectivas huellas de carbono y el desarrollo de normas nacionales. La norma francesa X30-323 y el proyecto piloto alemán PCF Projekt se basan en las normas ISO 14044 y PAS 2050. En el Reino Unido se utiliza la norma PAS 2050 a través de Carbon Trust. Iniciativas similares se registran en Suiza, Italia, Suecia y España. La asociación empresarial JEMAI de Japón organizó una iniciativa partiendo de las normas ISO 14040, 14044 y 14025
aplicada a 100 empresas y 495 productos, mientras que el Ministerio de Comercio e Industrias (METI) publicó una guía para la medición y el etiquetado de la huella de carbono de productos y servicios. La Agencia de ProtecciónAmbiental de Taiwán desarrolló una iniciativa para el cálculo de la huella de carbono de productos comerciales basada en las normas ISO 14040, ISO 14044 y PAS 2050. El Carbon Disclosure Project es una iniciativa privada que opera en varios países.

Una amplia variedad de empresas y organizaciones han adelantado esfuerzos para identificar y monitorear sus respectivas huellas de carbono: Apple, Shell, Michelin, Repsol, Cemex, Endesa, Intel, Sony, Lufthansa, Pepsi, Google, Yahoo, Nike, IBM, Dell, Samsung, Sun Microsystems, Chevron, Ford, Toyota, Tesco, Hertz, Walmart, CocaCola, Sapporo, Taca, Colgate, HSBC y ONU entre otras.

El empresariado de América Latina apenas inicia sus esfuerzos para la identificación de la huella de carbono, principalmente como estrategia preventiva para la protección de exportaciones. Buena parte de las iniciativas existentes responden prioritariamente a exigencias de mercados importadores o de casas matrices transnacionales. En Chile se promueve un concurso empresarial para el álculo de la huella de carbono y sus medidas de mitigación, donde participa empresas como Shell y Unilever.

En Venezuela, aún las empresas más grandes y de carácter público se encuentran en mora tanto con la cuantificación de sus huellas de carbono, como con el desarrollo de estrategias para mitigarlas: Petróleos de Venezuela (PDVSA), Siderúrgica del Orinoco (SIDOR), Venezolana de Aluminio (VENALUM), Electricidad del Caroní (EDELCA), Teléfonos de Venezuela (CANTV), entre otras. Lo mismo ocurre con casi la totalidad de la empresa privada, sistemas de transporte terrestre y naval, líneas aéreas, termoeléctricas, medios de comunicación, hoteles, universidades, etc.

Urge legislar sobre la materia, no sólo por la vulnerabilidad que se desprende de la marcada dependencia de la economía venezolana de la exportación de productos con una elevada huella de carbono, sino por ser un país con elevados niveles de emisiones propias.

Sólo por el consumo de combustibles fósiles, en el 2010 Venezuela emitió 180 millones de toneladas de CO2, equivalente a 6,3 toneladas por persona, casi cinco veces el promedio de Colombia, el triple del de Brasil y 50% superior al de Argentina.

Desafortunadamente, esta es sólo parte de la huella de carbono del país. Según la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización Internacional de laMadera Tropical (ITTO) y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), en Venezuela se deforestaron 280.000 hectáreas anuales entre el 2000 y el 2010. Entre las múltiples consecuencias de esta devastación de los bosques naturales del país se encuentra la emisión de al menos 120 millones de toneladas de CO2. Esto eleva las emisiones totales a 300 millones de toneladas anuales, equivalente a aproximadamente 10,5 toneladas por habitante por año.

Venezuela se coloca así entre los 20 países con mayores niveles de emisiones de CO2 por persona .

Julio César Centeno
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